Si bien lo más
comentado es la decisión electoral que hemos de tomar la ciudadanía el mes
entrante, no debemos desdeñar que quien sea electo presidente, así como el
partido político que obtenga mayor número de curules en el Congreso y el resto
de los protagonistas políticos, deben plantearse convincentemente llevar a buen
puerto reformas estructurales que deriven en el desarrollo y crecimiento
mexicano.
Y es que al igual
que ustedes, me hago la siguiente pregunta ¿qué carajo hacen los legisladores?
Y es que hace ya tiempo que la labor legislativa parece haberse enfermado de
alguna extraña parálisis, una afección muy costosa por cierto. Es consabido que
en ambas cámaras del Poder Legislativo de la Unión, han quedado rezagadas un
sinfín de reformas, algunas pequeñas, otras de enorme trascendencia
estructural, lo que ha llevado al país a estancarse en su crecimiento y
desarrollo. Tomando en consideración lo que somos como país, es evidente que no
podemos darnos ese “boato”. Aquí algunas áreas que ameritan urgentemente de la
acción legislativa: fiscal, finanzas públicas, trabajo, educación,
telecomunicaciones, competencia, medios, rendición de cuentas, Estado de
derecho, etc.
Para algunos, la
solución radica en que en el Congreso existan mayorías legislativas para que su
labor sea productiva. No obstante, no es tan simple, pues no se trata de sólo
de concretar tales reformas, sino de hacerlas bien.
Rememoremos un poco.
En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, se
hizo alusión a lo de siempre, buenos deseos y ya. Por ejemplo, que el papel del
Estado era la de promover la competencia en el tema de las telecomunicaciones,
y para eso, había que dotar al Estado de los instrumentos necesarios para que
pudiera regir eficazmente dicho sector, aunado, a lineamientos regulatorios de
vanguardia que haría del mercado de telecomunicaciones, un mercado abierto y
eficiente.
Los impulsores de la
Ley de Radio y Televisión de 1960 explicaron en esa época, que la radiodifusión
debía de ser un vehículo informativo, además de un medio de expresión del
pensamiento y de la difusión cultural, lo que lo convertía automáticamente en un
factor decisivo que contribuyera al progreso del pueblo y estrechar los lazos
de la comunidad nacional, por lo que se concibió a la radiodifusión en una
actividad de interés público de una elevada función social.
Desde luego, tales
objetivos se vieron rebasados por la realidad. Actualmente el mercado de las
telecomunicaciones se encuentra en altísimo niveles de concentración por unas
pocas empresas, lo que ha derivado en la ausencia de condiciones para una
competencia efectiva. Esto ha traído invariablemente como consecuencia,
servicios caros e ineficientes, con baja penetración en ciertos segmentos, y un
déficit en la inversión para el mejoramiento de la infraestructura, así como la
falta tanto de diversidad como de calidad en los contenidos. Irrebatiblemente,
la génesis de esto es la precariedad en los instrumentos de regulación, que en
su momento de creación se pensó que eran vanguardistas. La experiencia nos dice
que la regulación en aquellos sectores ha sido, neta y llanamente, una congoja.
Otro claro ejemplo,
es la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, cuya Exposición de Motivos
hace hincapié en la necesidad de desarrollar instrumentos rectores que evitaran
el abuso del poder económico. Pero eso no es todo, se hizo una utopía acerca de
que para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Federal de Competencia
(CFC), tendría amplias facultades para investigar las presuntas infracciones a
la ley y de sancionar a quienes resultasen responsables. Tales sanciones se
suponía serían ejemplares, de manera que disuadiera futuros quebrantos a la
ley. Es consabido que hasta el año anterior, las facultades de investigación de
la Comisión eran insuficientes y que las cantidades en las multas que podía
imponer eran irrisorias, lo que “incentivaba” a infringir la norma.
Las leyes referidas,
y otras muchas que se aprobaron a inicios de la última década del siglo
anterior como parte del nuevo modelo económico, no tuvieron que afrontarse a la
negociación parlamentaria, como acaece hoy en día. Pues tanto la LV como la LVI
Legislaturas, que van de 1991 a 1997, estaban integradas por amplia mayoría de
extracción priísta. Algunas reformas resultaron grandemente positivas,
verbigracia, la aprobada en 1993 y que dotó de autonomía constitucional a
partir de 1994 al Banco de México, que dimanó en un pilar institucional
importantísimo en la estabilidad macroeconómica actual; los ajustes en ese
entonces dispararon la inversión extranjera directa y exportaciones. Empero,
reformas como las que regulan la infraestructura, el mercado, los recursos
naturales y los servicios públicos, resultaron inadecuadas, exiguas o
disfuncionales, y hasta ahora, su corrección ha estado en una agenda que no
tiene para cuando cumplimentarse.
Lo trascendental
aquí es que esas reformas salgan a la luz y bien, no importa si es por mayoría,
negociación, alianza, consenso, pero siempre por la vía legítima, y que además
respondan al interés público tanto en los objetivos que se planteen en la
Exposición de Motivos como en los hechos. No obstante, las reformas por sí
solas no bastan, es menester adjuntarles procesos reflexivos, objetivos,
técnicos y profesionales. La cuestión es llevar a buen puerto esto, a través de
una estructura institucional funcional, dentro de un marco de democracia con
pluralidad de opiniones y con sus equilibrios y alicientes.
