TELEFONÍA

     Cotidianamente muchos de nosotros nos vemos imposibilitados de terminar una conversación por teléfono celular. Con suma frecuencia los usuarios tenemos que marcar varias veces al mismo número, ya sea, para que entre la llamada o para concluir una charla de 5 minutos. Tener a alguien que vive en lugares alejados se convierte muchas veces en un vía crucis tecnológico, y que seguramente a más de uno ha inspirado a la crianza de palomas mensajeras. Ser cliente de una compañía de telefonía móvil trae consigo frustraciones a los usuarios, lo que lejos de ser una mera anécdota particular, pienso es una vicisitud estructural de la economía. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre telecomunicaciones en México muestra claramente el problema.

     Para que una red telefónica funcione adecuadamente, depende en gran medida de lo que se invierta en mantenimiento y modernización. De acuerdo con datos, entre los años 2000 y 2009, la inversión per cápita en materia de telecomunicaciones entre los países miembros de la OCDE, alcanzó los 1 447 dólares. En tanto que en México, en ese mismo lapso, sólo se invirtieron 346 dólares per cápita. Por tanto, ha nadie debe sorprender el pésimo servicio, ya que tenemos el último lugar de inversión entre los países de la OCDE.

     La capacidad de inversión de cualquier empresa estriba en sus márgenes de ganancia. Si una empresa no genera utilidades, pues palmariamente se le reducen sus posibilidades de inversión. Por supuesto, este no es el caso de la principal operadora de telefonía celular en México, Telcel. En 2008, por ejemplo, Telcel tuvo un margen de utilidades del 64%, antes de impuestos, amortizaciones y depreciación de activos. El margen de ganancia que promedian empresas símiles de la OCDE, es de 37%. Desde una perspectiva empresarial, la buena noticia es que Telcel es una compañía muy rentable, la mala es que reinvierte raquíticamente si lo cotejamos con sus competidores internacionales.

     Entre las naciones que integran a la OCDE, no hallamos una empresa que tenga una rebanada tan grande del mercado de telefonía celular. En México, 7 de cada 10, somos usuarios de Telcel. En España, el operador “hegemónico” tiene el 43% del mercado, en nuestro vecino del norte un 32% y en el Reino Unido un 24%, sólo por citar unos ejemplos. La ausencia de un mercado competido explica la falta de inversión en materia de telecomunicaciones. Las otras empresas, Telefónica, Nextel, Iusacell, Unefon, tampoco tienen demasiados incentivos para modernizar su infraestructura y ampliar su cobertura.

     La empresa dominante no siente ni tiene la necesidad de invertir, pues goza de cuantiosas ganancias con el modelo actual del mercado. Las demás, seguro temen que si destinan sus recursos en mejores antenas y transmisores de señal, dicho capital se irá directo al cesto de basura por falta de competencia. Mientras que Telcel reta a las otras compañías a incrementar sus inversiones en infraestructura, éstas en cambio, retan a aquella a competir con costos bajos y parejos en la interconexión de llamadas. Por cierto, que esto último es un tema que ha sido objeto de varios litigios que aún prosiguen ante las instancias correspondientes. Mientras dicho forcejeo no se remedie las inversiones seguirán siendo escasas, lo que imposibilita la mejora en el servicio y el acceso a nuevos consumidores. Esta reyerta entre unos cuantos, puede convertirse en un pantano en cuanto al crecimiento económico nacional, esto a razón de que las telecomunicaciones hoy en día, se han ido transformando en una importante fuente de riqueza y todo lo que eso trae consigo.

     El estudio de la OCDE debe convertirse en una brújula para orientar las políticas públicas en telecomunicaciones. Y es que las normas, así como las instituciones han sido rebasadas, ya que no fueron diseñadas para regular eficientemente el mercado. Esperemos que esto no se caiga a media llamada y las reformas a la ley queden inconclusas.

     Es por eso, y esperemos que no se quede sólo en buenas intenciones, comentaré lo siguiente.

     Existe un dictamen final del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-184-SCFI-2011, emitido por la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer). Dicha normativa establece que las empresas de telefonía y televisión restringida, deberán obligatoriamente a publicar sus contratos de adhesión y suprimir las condiciones que ponen en clara desventaja al usuario, tales como los plazos forzosos o las penas convencionales. Esto supone, no sólo una reducción en el número de quejas en contra de los proveedores, sino que sin duda permitirá un marco que favorece la competencia.

     Y es que en un análisis realizado por la Profeco, se determinó que los contratos de los proveedores de telecomunicaciones contienen cláusulas abusivas, inequitativas y desproporcionadas, siempre en detrimento del consumidor. Por ejemplo, es posible que una compañía modifique unilateralmente los términos del contrato, o que se le impongan penas que resultan excesivas al usuario que termine de forma anticipada el contrato, o se sujete a un plazo forzoso, o que se permita al proveedor tener fallas técnicas en el servicio sin hacerse responsable y sin hacer alguna bonificación, entre otras acciones.

     Esperemos que esto no se quede en buenas intenciones, sino que en verdad avance, que de ese modo, todos ganamos, dada la importancia que el sector de las telecomunicaciones ha venido ganando en materia económica. Hay pues, un nicho muy rentable y que para explotarlo a plenitud, se debe regularizar a conciencia y hacer que la ley avance al mismo ritmo que la tecnología lo viene haciendo.

LAICIDAD MEXICANA

     Ignacio Ramírez, conocido como el Nigromante, escribió que si la Iglesia católica volviera a tener el poder en el país, no pararía hasta ver derogadas todas las leyes de Reforma. Esto viene a colación dado que al llegar el PAN a la presidencia de México, la Iglesia acrecentó su influencia en la política. Es la primera vez que la derecha gobierna a México por doce años contiguos. Y justo en este marco, el cardenal Tarcisio Bertone declaró en el Teatro de la República en Querétaro, emblema de la república liberal, que había que terminar con el laicismo negativo, pues éste no propiciaba la religiosidad. Fue un 20 de noviembre cuando la institución católica beatifica a los cristeros en un acto público, y en donde figuraba la presencia de Carlos Abascal, quien era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, tenemos de visita a Benedicto XVI, precisamente en la semana que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, principal precursor de la laicidad del Estado mexicano.

     La Iglesia se halla inmersa en su peor crisis, el actual papa encabeza un clericalismo miltante, integrista, donde religión y política se unen.

     Cuando la Iglesia viola la laicidad del Estado mexicano, existe corresponsabilidad gubernamental. Fue el mismo Felipe Calderón quien invitó al papa a visitar México en pleno proceso electoral, lo que puede considerarse como una estrategia proselitista política, dado el arraigo de la religión entre la población.

     Así de mal está la clase política mexicana, que han buscado allegarse al papa más cuestionado de la época contemporánea, y a quien se le ha pedido renunciar por encubrir la pederastia de miembros de la institución que encabeza.

     Ante las constantes transgresiones al Estado laico durante la administración panista, los defensores de la laicidad plantearon reformar el artículo 40 constitucional, para puntualizar que el Estado mexicano es laico, una característica sobrentendida en la Constitución de 1917, hecha explícita en el numeral 3 de la Carta Magna.

     Si sólo se reformara el numeral 40, resultaría exiguo, pues faltaría reformar artículos como el 24, en donde se especifique que no sólo se reconoce la libertad de culto, sino para no tener ninguno. La laicidad debe de abarcar todo el accionar estatal, haciendo cumplir cada uno de los derechos fundamentales estipulados en la Constitución.

     Empero, la proposición originaria en San Lázaro para reformar el artículo 24 no estaba encaminada a amplificar la libertad de culto, sino para darle gusto a la Iglesia con el “laicismo positivo”, ese que propicia la religiosidad.

     La supuesta libertad religiosa pretendida por la Iglesia, es aquella en la que existe educación religiosa en las escuelas públicas, contar con medios masivos de comunicación y subsidio por parte del Estado.

     De tal manera que existe un temor justificado en la reforma constitucional que sería un paso para terminar con el Estado laico, tal y como lo conocemos ahora. Aunado a la forma en cómo se presentó y la rapidez con que querían aprobarla. Actualmente existe una discusión en cuanto al término “libertad de convicciones éticas”. El dictamen, se supone, se resolverá la semana entrante.

     Quebrantar la laicidad de un Estado, afecta la convivencia pacífica entre los ciudadanos, se promueve la polarización de la sociedad, radicalizando posturas. Es evidente pues, que sin la neutralidad en este ámbito, no puede haber democracia. Por ello, debemos de preservar el laicismo de los embates de los fanáticos religiosos y de la corrupción política, pues éstos representan una amenaza para todos. Recordemos que el propio Jesús dijo en algún momento “Al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios”, siendo ésta la primera muestra de separación Estado-Iglesia.

     Para terminar, hago una cita del texto “Apuntes para mis hijos”, cuyo autor fue Benito Juárez:
“Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.”

PORVENIR

     El futuro no es algo que se presente por sí mismo, sino es producto de decisiones cotidianas. El cúmulo de decisiones gubernamentales, así como la aglomeración de acciones emprendidas por los ciudadanos, le dan forma al futuro, al porvenir. Es en este sentido, si no nos gusta el ahora, es menester que pensemos en las acciones a tomar para que el futuro no sólo sea diferente, más bien mucho mejor.

     Luego, el futuro se construye. Siguiendo el pensamiento de San Agustín, el tiempo es presente en una tríada de facetas: 1) El presente como lo experimentamos; 2) El pasado como memoria presente; y 3) El futuro como expectativa presente. Lo que significa que nuestra perspectiva del tiempo y del futuro nos dice que el presente determina la visión futura y pasada. No obstante, la del pasado se explica en función de la memoria que poseamos (algo, que en un artículo anterior cuestioné de sobremanera). En el caso del futuro, lo fundamental es que nuestras acciones de hoy determinarán el mañana. Por ello, esta perspectiva debe animar la construcción de un porvenir mejor.

     Si asentimos lo dicho por San Agustín, entonces, concluiremos que el futuro no es más que lo que efectuemos hoy. Ese modo de vislumbrar el mundo es igual tanto si lo construimos a conciencia o si llanamente actuamos como hasta ahora lo hemos hecho. Es decir, la construcción parte de lo que hacemos y de lo que no: todo se acopia para dar forma a las tradiciones, políticas, organización económica, social y todo aquello que conforma al futuro. Reitero, el fututo se construye día a día. Adempero, si no hay una intención clara, un objetivo manifiesto, entonces, cualquier camino nos transportará al futuro, pues todos serían análogos.

     Cada una de las sociedades que han logrado transfigurarse y modernizarse, con sus características particularidades, lo alcanzaron porque lograron crear condiciones propicias para que el proceso se llevara a cabo. Esto quiere decir que el éxito no se debe al cambio súbito, sino a que se hizo lo necesario para que acaeciera. Se trata pues de un proceso intencional que goza de amplia aceptación social. Crear ese sentido de dirección y organización entre sociedad y gobierno para alcanzar el objetivo es el reto fundamental de las parcialidades políticas.

     Entre la vorágine de la democracia y la descentralización que ha permeado en México a través de los últimos decenios, hemos perdido algo elemental: el rumbo al desarrollo que parecía haberse encontrado luego de un largo lapso de indefinición. Nada peor para el desarrollo de una nación que la ausencia de una ruta, pues eso deviene en la pérdida de una claridad sobre el futuro, se demuelen expectativas y, por si esto no bastara, emergen intereses privados, cuyos beneficios medran de la desazón del resto poblacional.

     La claridad en el rumbo parece haberse extraviado entre los setenta y los setenta, es decir, con el fin de la etapa denominada “El milagro mexicano”. Al principio se dio por problemas estructurales, luego, por lo que aún seguimos padeciendo hoy en día, el conflicto político. Las reformas durante los ochenta y noventa, incluyendo el TLCAN, fue un intento por redefinir el rumbo y ganar el apoyo de la sociedad. Infortunadamente, la crisis de 1995 echo por tierra el incipiente consenso y destapó la caja de Pandora. Ahora ni la democracia ni la alternancia en el poder han cambiado dicha realidad. El conflicto político llegó para quedarse y esto es la causa principal del estancamiento económico, pues es fuente de incertidumbre, la peor enemiga de la inversión.

     Por algunos años, México tuvo una economía que gozaba con gran ventaja competitiva dada su cercanía con los mercados más dinámicos, se logró un acceso de privilegio al mercado estadunidense, y el Tratado de Libre Comercio convertía a nuestro país en una atractiva plaza para la instauración de plantas industriales. Con todo, tales ventajas fueron erosionándose en la medida que no se incrementó la productividad económica interna y que otras economías si lo hicieran. México se durmió en sus laureles, y países como China y Brasil fueron desplazando al país en materia de exportaciones. México se rezagó en todos los órdenes, desde el educativo hasta el de infraestructura, pasando por lo fiscal y la eliminación de los obstáculos burocráticos.

     Actualmente el país está nuevamente ante un cambio de grandes proporciones en cuanto a las vinculaciones económicas y comerciales, lo que genera magnas oportunidades en el desarrollo económico mexicano, pero éstas no se dan por sí mismas. Desgraciadamente no parece que exista claridad en la visión ni la disposición en las fuerzas políticas para traer a la realidad aquellas oportunidades. Esto último es trascendental, pues la característica substancial en la edificación de un futuro anida en la continuidad de las políticas públicas. Y para muestra fehaciente de esto último, refirámonos a Brasil, que como en todo sistema democrático ha cambiado de gobierno empero la estrategia de desarrollo se mantiene, convirtiéndose invariablemente en un acicate para la inversión. Dicho en otros términos, nuestro futuro necesita de un entendimiento que permita la continuidad.

     Los últimos decenios son testimonios fidedignos que México ha sido incapaz de articular una estrategia de desarrollo que le dé dirección al país, mas la incapacidad no está en la articulación he de aclarar, sino en cuanto al consenso político que permita su adopción. No se ha sido capaz de sostener un proceso transformador que modernice al país y al paralelamente cree los empleos y las oportunidades que la población demanda y que de acuerdo con un sentido de justicia merece.

     Es evidente que nuestro futuro requerirá de diversos cambios y reformas. Adempero el único modo en que puede alcanzarse un futuro en el sentido que San Agustín refería, es construyendo pactos políticos en torno a un futuro que todas las parcialidades políticas, así como la sociedad, estén dispuestas a suscribir. Como es claro, nuestro problema no es de reformas específicas, sino más bien de conflictos políticos que han permeado a la sociedad y que impide a ésta conferirle certeza a su deseo por salir del atolladero y comenzar a construir un porvenir distinto.

PREPA OBLIGATORIA

     La esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la rigidez para su modificación, sin embargo, y como se ha comentado con anterioridad, la práctica dista mucho de la teoría.

     Esto toma revuelo si consideramos que nuestro actual Jefe del Ejecutivo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, parece empecinado a ser quien más reformas constitucionales promulgue en su sexenio. Hace ya un mes, el 8 de febrero pasado para ser precisos, firmó reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución para darle obligatoriedad a la educación media superior. Con esto, la actual administración acumula 33 reformas a los más de 500 que ya suma la Carta Magna de 1917.

     Todo esto es indicio de que las buenas intenciones no paran dentro de la cúpula política, pues de nobles intenciones han estado retacando el texto constitucional, siendo así, créanlo, vamos por buen camino. No obstante, el sólo hecho de hacer constitucional la obligatoriedad del bachillerato, no hará que más jóvenes mexicanos la cursen o de que sea de una calidad necesaria para el desarrollo de la sociedad y del país. Modificar la Constitución se ha convertido en un desplante meramente político y no como un inevitable paso a la construcción de un sistema educativo eficiente y de calidad.

     La reforma no tiene nada de novedoso, de hecho, la Ley de Educación del distrito Federal en su artículo 4 estipula que el Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de prestar los servicios educativos a todos sus habitantes en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y medio superior; lo que motivo controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, pues supuestamente violentaba las facultades del Congreso de la Unión. Entonces, la novedad no está en la reforma constitucional.

     Por otra parte, y como aduje en el artículo intitulado “95 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO”, existen obligaciones constitucionales que el Estado no cumple, y en materia educativa no hay excepciones. Hace un decenio se promulgó una ley que hacía obligatoria la educación preescolar y hasta la fecha aquella buena intención no se ve cumplimentada ni existen indicios de que se pueda lograr en un futuro previsible, pues no hay ni recursos ni infraestructura ni académicos para ello.

     Estas consideraciones de tipo prácticas poco ha importados a los políticos. Son tiempos electorales y tanto presidente como legisladores quieren pararse el cuello y afirmar que el país es uno de los pocos en el orbe con la obligatoriedad de cursar 15 años de instrucción académica. Luego, carece de importancia el que no existan los tres factores citados en el párrafo anterior (dinero, infraestructura y maestros). Mucho menos les importa que la falta de recursos haga que la ampliación de la cobertura educativa haga descender aún más el de por sí lamentable nivel de enseñanza en México, total, han de pensar que entre menos preparados, pues mejor.

     Ya el gobierno ha asumido una posición similar en el área de salud al presumir que en México existe una cobertura universal que ni siquiera hay en países económicamente más desarrollados, como Estados Unidos. Pero lo que a los políticos les interesa son lograr los impactos necesarios en sus relaciones públicas mediante este tipo de reformas a las leyes, mientras que detalles como la falta de medicamentos e insumos básicos en las instituciones de salud y de que no haya abasto suficiente para la atención hospitalaria, simple y llanamente son desdeñados por los políticos.

     En México la legislación de buenas intenciones es insuficiente, y si realmente queremos tener una educación media superior universal (lo cual se supone se conseguiría dentro de un decenio), pero con calidad, debemos consolidar la educación básica. Es inútil que se incremente la matrícula de estudiantes en bachillerato si llegan a ese nivel con carencias inverosímiles en su preparación (y esto último nadie me lo ha contado, soy testigo presencial de que no saben cosas elementales), y muestra de ello, es el 5, hablando en términos numéricos en una escala del 1 al 10, que obtienen en su conjunto al darse a conocer los resultados del examen de la COMIPEMS. Es decir, como se pretende instruirles en Trigonometría o Cálculo Diferencia e Integral en las prepas si ni siquiera han aprendido a multiplicar o a dividir.

     Se debe trabajar en elevar la calidad en el nivel básico de enseñanza y al mismo tiempo ampliar gradualmente la matrícula estudiantil en el nivel medio superior. Y para ello habrá que contratar al personal preparado, y no estar improvisando. Asimismo deben realizarse evaluaciones nacionales que permitan verificar que el estudiantado realmente está alcanzo el nivel de preparación que corresponde a cada grado de estudios.

     No podemos quedarnos en la utopía de que con reformas constitucionales basta para impulsar una preparación de las nuevas generaciones en cuanto a número y calidad, no, hay que trabajar para lograr el objetivo, por ende, no hay que dejarnos engañar que el nivel educativo mejora con sólo reformas. Sin embargo, tales medidas parecen ser las que más enorgullecen a los miembros de la clase política mexicana para hacernos pensar que están haciendo su trabajo.

     Como dijera Jorge Edwards: “Lo que cuenta es lo que se hace y no lo que se tenía intención de hacer.”