REFORMAS

     Si bien lo más comentado es la decisión electoral que hemos de tomar la ciudadanía el mes entrante, no debemos desdeñar que quien sea electo presidente, así como el partido político que obtenga mayor número de curules en el Congreso y el resto de los protagonistas políticos, deben plantearse convincentemente llevar a buen puerto reformas estructurales que deriven en el desarrollo y crecimiento mexicano.

     Y es que al igual que ustedes, me hago la siguiente pregunta ¿qué carajo hacen los legisladores? Y es que hace ya tiempo que la labor legislativa parece haberse enfermado de alguna extraña parálisis, una afección muy costosa por cierto. Es consabido que en ambas cámaras del Poder Legislativo de la Unión, han quedado rezagadas un sinfín de reformas, algunas pequeñas, otras de enorme trascendencia estructural, lo que ha llevado al país a estancarse en su crecimiento y desarrollo. Tomando en consideración lo que somos como país, es evidente que no podemos darnos ese “boato”. Aquí algunas áreas que ameritan urgentemente de la acción legislativa: fiscal, finanzas públicas, trabajo, educación, telecomunicaciones, competencia, medios, rendición de cuentas, Estado de derecho, etc.

     Para algunos, la solución radica en que en el Congreso existan mayorías legislativas para que su labor sea productiva. No obstante, no es tan simple, pues no se trata de sólo de concretar tales reformas, sino de hacerlas bien.

  Rememoremos un poco. En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, se hizo alusión a lo de siempre, buenos deseos y ya. Por ejemplo, que el papel del Estado era la de promover la competencia en el tema de las telecomunicaciones, y para eso, había que dotar al Estado de los instrumentos necesarios para que pudiera regir eficazmente dicho sector, aunado, a lineamientos regulatorios de vanguardia que haría del mercado de telecomunicaciones, un mercado abierto y eficiente.

     Los impulsores de la Ley de Radio y Televisión de 1960 explicaron en esa época, que la radiodifusión debía de ser un vehículo informativo, además de un medio de expresión del pensamiento y de la difusión cultural, lo que lo convertía automáticamente en un factor decisivo que contribuyera al progreso del pueblo y estrechar los lazos de la comunidad nacional, por lo que se concibió a la radiodifusión en una actividad de interés público de una elevada función social.

     Desde luego, tales objetivos se vieron rebasados por la realidad. Actualmente el mercado de las telecomunicaciones se encuentra en altísimo niveles de concentración por unas pocas empresas, lo que ha derivado en la ausencia de condiciones para una competencia efectiva. Esto ha traído invariablemente como consecuencia, servicios caros e ineficientes, con baja penetración en ciertos segmentos, y un déficit en la inversión para el mejoramiento de la infraestructura, así como la falta tanto de diversidad como de calidad en los contenidos. Irrebatiblemente, la génesis de esto es la precariedad en los instrumentos de regulación, que en su momento de creación se pensó que eran vanguardistas. La experiencia nos dice que la regulación en aquellos sectores ha sido, neta y llanamente, una congoja.

     Otro claro ejemplo, es la Ley Federal de Competencia Económica de 1992, cuya Exposición de Motivos hace hincapié en la necesidad de desarrollar instrumentos rectores que evitaran el abuso del poder económico. Pero eso no es todo, se hizo una utopía acerca de que para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Federal de Competencia (CFC), tendría amplias facultades para investigar las presuntas infracciones a la ley y de sancionar a quienes resultasen responsables. Tales sanciones se suponía serían ejemplares, de manera que disuadiera futuros quebrantos a la ley. Es consabido que hasta el año anterior, las facultades de investigación de la Comisión eran insuficientes y que las cantidades en las multas que podía imponer eran irrisorias, lo que “incentivaba” a infringir la norma.

     Las leyes referidas, y otras muchas que se aprobaron a inicios de la última década del siglo anterior como parte del nuevo modelo económico, no tuvieron que afrontarse a la negociación parlamentaria, como acaece hoy en día. Pues tanto la LV como la LVI Legislaturas, que van de 1991 a 1997, estaban integradas por amplia mayoría de extracción priísta. Algunas reformas resultaron grandemente positivas, verbigracia, la aprobada en 1993 y que dotó de autonomía constitucional a partir de 1994 al Banco de México, que dimanó en un pilar institucional importantísimo en la estabilidad macroeconómica actual; los ajustes en ese entonces dispararon la inversión extranjera directa y exportaciones. Empero, reformas como las que regulan la infraestructura, el mercado, los recursos naturales y los servicios públicos, resultaron inadecuadas, exiguas o disfuncionales, y hasta ahora, su corrección ha estado en una agenda que no tiene para cuando cumplimentarse.

    Lo trascendental aquí es que esas reformas salgan a la luz y bien, no importa si es por mayoría, negociación, alianza, consenso, pero siempre por la vía legítima, y que además respondan al interés público tanto en los objetivos que se planteen en la Exposición de Motivos como en los hechos. No obstante, las reformas por sí solas no bastan, es menester adjuntarles procesos reflexivos, objetivos, técnicos y profesionales. La cuestión es llevar a buen puerto esto, a través de una estructura institucional funcional, dentro de un marco de democracia con pluralidad de opiniones y con sus equilibrios y alicientes.