RAZONES DE LA REVOLUCION MEXICANA DE 1910 Y SU REFELEJO EN LA CONSTITUCION DE 1917

     Las causas directas de la Revolución de 1910, que concluyó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, surgen en el Porfiriato. En este período, la sociedad mexicana se hallaba dividida en varias clases; la aristocracia o “alta sociedad”, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media y el proletariado y los campesinos.

     Durante la dictadura del Porfiriato un reducido grupo de familias se enriqueció a costa del trabajo de los campesinos y obreros, quienes conformaban la masa mayoritaria de población. Se constituyó, entonces, una clase rica dueña de haciendas, fábricas, casas comerciales y de negocios financieros. Aunado al de los bienes económicos, este grupo controlaba el poder político y gozaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población.

     En lo referente a las causas sociales, tenemos que la inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de todas las riquezas naturales, incluyendo la del hombre mismo. Esto es, se dispuso de mano de obra barata o regalada, por el desmedido apoyo a los capitalistas por parte del gobierno dictatorial. La explotación a la que se sometió a los peones en las haciendas, minas, construcciones, y a los obreros y artesanos en las fábricas, fue determinante en la consecución del movimiento armado.

    

     Como es notorio, en estos más de tres decenios, el poder quedó en manos de un pequeño grupo de personas, encabezadas por Díaz; el pueblo no tuvo oportunidad de opinar sobre sus problemas ni de elegir a sus gobernantes. Luego, la desigualdad social fue el común denominador en el Porfiriato, situación deleznable, muy a pesar de la estabilidad y crecimiento económico (como el incremento de la red ferroviaria) en el cual el país se vio inmerso. Mientras tanto, había surgido una nueva generación de jóvenes, maestros, médicos, abogados, ingenieros, agricultores e industriales que querían participar en la vida política del país y que no podían hacerlo porque todos los puestos estaban ya ocupados por hombres mucho más viejos que ellos.

     De estos nuevos individuos interesados en una participación activa en la política mexicana, surgieron 2 grupos con tendencias revolucionarias: el Partido Nacional Antirreelecionista y el Partido Democrático. En este último se encontraban personas que preferían a Porfirio Díaz al frente del poder, pero creían necesario que se buscara a un candidato distinto a Ramón Corral para la Vicepresidencia, como lo manifestaron en abril de 1909; sin embargo, al no alcanzar la popularidad necesaria, el partido fue disuelto. Ante esta situación, el Partido Científico (de tendencia porfirista) presentó como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, a Porfirio Díaz y a Ramón Corral, respectivamente. Otra agrupación que también se desarrolló con cierta amplitud, fue el Partido Reyista.

     En mayo de 1909 estaba ya en funcionamiento el centro Antirreeleccionista, en cuyas filas se hallaban personajes como: Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. Madero, ya se había hecho célebre para entonces, debido a la publicación de su libro titulado “La Sucesión Presidencial en 1910”, en el cual hizo un estudio de la situación política mexicana de la época, con cierto criterio revolucionario.

     El Partido Reyista, sin tener propiamente un programa doctrinal completo, comenzó a trabajar para presentarse en la contienda electoral con Porfirio Díaz para presidente y el General Bernardo Reyes para vicepresidente, sin embargo, Díaz comisionó como pretexto de tipo militar para ir a Europa a Reyes, dejándolo fuera de la escena política. El Partido Reyista se disolvió y sus miembros formaron el Partido Nacionalista, que participó junto al Antirreelecionista en la Convención Nacional Independiente, que tuvo como sede a la Ciudad de México en abril de 1910. Para dar impulso y vigor al partido y a la Convención, Madero realizó una gira por algunas entidades, logrando despertar el entusiasmo y el aumento de los integrantes de la Convención, la cual, plenamente instalada, discutió el tema de las elecciones resolviéndose con presentación de Madero como candidato a la Presidencia de la República y a Francisco Vázquez Gómez (antiguo médico de Porfirio Díaz, y de quien políticamente se había distanciado) a la Vicepresidencia. Al mismo tiempo, se elaboró el programa que iba a servir como bandera de lucha, en las cual los principios de “no reelección” y de “sufragio efectivo”, fueron esenciales.

     Pronto surgieron diferencias entre los revolucionarios, emergiendo entonces, los tres grupos revolucionarios, cuyo propósito en común era derrocar a Porfirio Díaz del poder. A aquellos grupos, se les identificó con el primer apellido se sus caudillos: así, los integrantes de la División del Norte y sus aliados fueron reconocidos como villistas, los del Ejército Libertador del Sur se llamaban a sí mismos zapatistas y, finalmente, el Ejército Constitucionalista recibieron el nombre de carrancistas.

     Los villistas (liderados por Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa) ofrecían un programa político social poco definido, dispuesto a negociar con los liberales. Los zapatistas (liderados por Emiliano Zapata), que mantenían sus reclamos de restitución de propiedad de la tierra a los campesinos, principios formulados en el Plan de Ayala. Por último, los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados simpatizantes de Carranza.

     En lo concerniente a las acciones revolucionarias, tenemos lo siguiente. El Plan de San Luis Potosí, dado a conocer por Madero para que el pueblo tomara las armas y se defendiera para dar fin a la dictadura y oligarquía. Este acuerdo prometía revisar los abusos cometidos por el gobierno porfirista con los terrenos y devolverlos a quienes les había sido arrebatado.

     En la Alianza Nacional Antirreeleccionista se planteó la vuelta al régimen constitucional y la necesidad de reformar la ley electoral y dar libertad de prensa y enseñanza, mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, nacionalizar al personal ferroviario, proteger al indígena, fomentar las grandes y pequeñas industrias y afianzar las relaciones con los países latinoamericanos.

     Al asumir Francisco I. Madero el poder, el 6 de noviembre de 1911, se procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias, pero los zapatistas se negaron, exigiendo garantías de que sus demandas a favor de una solución al problema agrario serían atendidas.
     Por eso, el 28 de noviembre de 1911, Zapata proclamó el Plan de Ayala, en el que se proponía el reparto de tierras y la continuación de la lucha revolucionaria.

     Pascual Orozco, tras ser nombrado por los agraristas jefe supremo de la revolución, se sublevó en Chihuahua en marzo de 1912, y otro tanto hicieron los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, en Nuevo León y Veracruz respectivamente. El Ejército federal, al mando de Prudencio Robles y Victoriano Huerta, reprimió con dureza los levantamientos, estableciendo campos de concentración, quemando aldeas y ejecutando a numerosos campesinos. En la ciudad de México, en febrero de 1913 tuvo lugar la Decena Trágica, enfrentamiento entre los insurrectos y las tropas de Huerta, que causó alrededor de 2 000 muertos y 6 000 heridos. Con la insólita mediación del embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, el general Huerta llegó a un acuerdo con el general Díaz, destituyó a Madero y se autoproclamó presidente el 19 de febrero de 1913. Cuatro días después el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Huerta.

     El gobierno de Huerta no fue reconocido por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, bandera de la revolución constitucionalista, por el que se declaraba continuador de la obra de Madero y procedía a la formación del Ejército constitucionalista, al que no tardaron en sumarse el coronel Álvaro Obregón en Sonora, y Pancho Villa en el norte, mientras Zapata volvía a dominar la situación en el sur y este del país. La oposición a Huerta en la capital se realizó a través de la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista y defensora de las clases obreras urbanas, pero cercana a los planteamientos agrarios del movimiento zapatista, al que dotaron de una ideología más definida, y del lema “Tierra y Libertad”, que los alejaba tanto de Huerta como de Carranza. Las tropas constitucionalistas, formadas por campesinos y gentes del pueblo, derrotaron al Ejército federal por todo el territorio nacional: Villa ocupó Chihuahua y Durango con la División del Norte; Obregón venció en Sonora, Sinaloa y Jalisco con el Cuerpo de Ejército del Noroeste; y Estados Unidos, tomando partido por los oponentes a Huerta, hizo desembarcar su infantería de Marina en Veracruz el 21 de abril de 1914. Después del triunfo constitucionalista en Zacatecas el 24 de junio de ese mismo año y la ocupación de Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, Huerta presentó la dimisión el 15 de julio siguiente y salió del país. En el Tratado de Teoloyucan se acordó la disolución del Ejército federal y la entrada de los constitucionalistas en la capital, que se produjo el 15 de agosto de 1914.

     Con el triunfo del Ejército Constitucionalista, Carranza impulsó la promulgación de una nueva Constitución, la cual se haría realidad el 5 de febrero de 1917. Dicho documento recoge los principios liberales de los derechos del hombre en su aspecto individual y social, el principio de la soberanía nacional, así como las modalidades de su forma de gobierno y de Estado: división de poderes y sistema federal.

     En el artículo 1º del Título Primero, por ejemplo, se consagró la abolición a la esclavitud (aunque esta ya se encontraba en el 2º artículo de la Constitución de 1857). Garantizó la libertad de los hombres prohibiendo la esclavitud (artículo 2); la libertad de profesión, industria y trabajo, siendo lícitos (artículo 5); la libertad de manifestación de ideas (artículo 6); la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia (artículo 7); el derecho de libre petición siempre y cuando se haga de manera pacífica y respetuosa (artículo 8); la libertad de asociación o reunión en forma pacífica con cualquier objeto lícito, sin que se proteja la reunión armada o en la que se profieran injurias contra la autoridad ni se haga uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee (artículo 9); el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa (artículo10); la libertad de tránsito para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia (artículo 11); la libertad de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, la devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan delito o faltas penadas por la ley (artículo24). Los artículos 14 y 16 contienen diversas garantías de seguridad respecto a actos de autoridad para proteger la vida, la libertad o las propiedades, posesiones o derechos (artículo 14), familia domicilio y papeles (artículo 16). De este último precepto y los subsecuentes, hasta el 23, estatuyen un régimen de garantías frente a actos de autoridad que priven al individuo de su libertad o lo sujeten a procesos penales.

     Por otra parte, los derechos sociales, a nivel de una carta fundamental de un pueblo, fueron establecidos por vez primera en la Constitución de 1917, efectuando uno de los más grandes avances que seguirían después muchos otros países. Mención especial ameritan los derechos de los campesinos en el artículo 27 y los de los trabajadores en el 123.

     Con sus diversas reformas y adiciones que la Constitución ha tenido, los preceptos constitucionales establecen los siguientes derechos sociales:

1. El derecho a la educación (artículo 3).
2. El derecho de los pueblos indígenas (artículo 2).
3. El derecho a la protección de la salud (artículo 4).
4. El derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 4).
5. El derecho a una vivienda digna y decorosa (artículo 4).
6. El derecho a los niños y de las niñas (artículo 4).
7. Las bases de la reforma agraria (fracciones VII y XVIII del artículo 27).
8. Derecho a la justicia expedita y honesta para campesinos (artículo 27, fracción XIX).
9. Derecho al desarrollo rural integral (artículo XX del 27).
10. El derecho de la persona al trabajo digno y útil (artículo 123).

     Como puede observarse, en la Constitución de 1917, cuyo verdadero título es CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857, conserva parte de la promulgada aquél año, pero incluye algo de enorme relevancia para el resto, no sólo del país, sino del orbe, el reconocimiento de los derechos sociales, convirtiéndose en un hito histórico. Unos derechos sociales, que habían sido marginados durante el Porfiriato y que condujeron a una enorme desigualdad social que derivó en un movimiento armado de grandes magnitudes cuyos efectos se prolongaron más allá de los 7 años, y que mantuvo al país en una enorme pugna interna de intereses políticos y económicos por varios años más.