MENTIRAS Y JUSTICIA

     El 80% de los detenidos en procesos penales mienten a las autoridades, y al parecer, también los denunciantes lo hacen. En consecuencia, casi todo el tiempo en la Procuraduría es una sarta de mentiras.

     Obvio, esto no debe tomar por sorpresa a más de uno. Cotidianamente, la inmensa mayoría inventa para acomodar la realidad a los intereses y necesidades propias. Tales mentiras pueden ser grandes o pequeñas, pero que construyen el día a día de cada quien. En los procesos penales ocurre lo mismo, pero agravado dadas las circunstancias de los Ministerios Públicos.

     En el Ministerio Público, se miente por muchas razones. Pero esto no es meramente por cuestiones individuales, sino más bien estructurales. Veamos. La primera es el funcionamiento de las averiguaciones previas (AP). Cuando alguien denuncia un delito y no quiere pagar por abrir la AP, el MP se desinteresa para hacerlo de oficio, y entonces, le aplican de modo literal la ley. Es decir, si lo que usted narra no encaja con la definición establecida en el Código Penal, puede irse olvidando de la denuncia. Y si lo consigue, las pruebas debe proveerlas usted mismo. Por tal razón, los abogados “preparan” a sus clientes para que su declaración coincida perfectamente con lo estatuido en la ley. Luego, cada palabra cuenta.

     La segunda razón para mentir es que la mayoría de los asuntos se resuelve, ¿dónde cree?, pues en el MP. Si analizamos las resoluciones de jueces y cotejamos con las AP, se perciben similitudes sospechosas. Es usual que en el juzgado se confirme lo decidido por el MP. Por tanto, abogados, detenidos y denunciantes se juegan casi todo en la AP y en el proceso, mientras el caso siga en el MP, pues son conscientes de que una vez turnado al juez, el asunto está terminado o a punto de estarlo.

     Y por último están las confesiones. A falta de una real investigación científica, las confesiones siguen siendo determinantes. Por tanto, las mentiras son trascendentales en el proceso; esto es, las palabras son fundamentales y no las pruebas materiales, de éstas últimas no hay ni las buscan. Entonces, el par interrogatorio-confesión sigue siendo pilar en la labor del MP y he ahí la explicación de las mentiras como problema central que aqueja la justicia judicial mexicana.

     Por ello, cuestiono: ¿Por qué la justicia de calidad no importa en absoluto en México? Mientras en Estados Unidos, por señalar un ejemplo, organizaciones civiles, centros de estudios, escuela de derecho y expertos discuten sobre metodologías para generar evidencia contundente que conlleve a tener acusaciones fidedignas y juicios justos, en nuestro país continuamos departiendo de tasas de impunidad y sentencias condenatorias a inocentes. En México no parece importar demasiado si hay claridad y solidez en las pruebas, como tampoco parece relevante que el MP plantee un relato creíble al caso, y por supuesto, mucho menos si el acusado cometió o no el delito. Pareciera que lo único relevante es que haya más reos para disimular o hacerlo creer, que se reduce la impunidad y nos creamos más seguros. No obstante, los millares de inocentes en prisión no son un asunto que nos quite el sueño, al menos eso demuestra la sociedad. Ello hace que a jueces y Ministerios Públicos tampoco les importe. En el país no existe pues, una brújula axiológica ni principios básicos en materia de justicia penal. Para eso, veamos un caso.

     Sergio Dorantes, acusado en el Distrito Federal de privar de la vida a su esposa, es un ejemplo de cómo, en la justicia penal mexicana, se vale de todo, hasta lo absurdo. Como muchos otros indiciados, la evidencia principal en su contra es un testimonio. En este caso el de Luis Eduardo Sánchez. Dicho testigo declaró un mes después de los hechos. Y usted se preguntará ¿qué tiene eso de anormal? Bueno, pues esto no es para desdeñarlo, al contrario. Según estudios sobre mecánica y psicología de la identificación de presuntos responsables a partir de testigos, el tiempo transcurrido entre los hechos y el testimonio es una variable primordial para evaluar la veracidad. En cualquier otro sitio con un sistema penal que funcione medianamente bien, el juez dudaría de la veracidad de lo dicho por el testigo, sin embargo, ello no parece ser parte del ADN de los jueces mexicanos.

     Otra variable elemental para determinar el valor probatorio del testimonio es el sentido común y la lógica de lo sostenido. Según la AP, un día como cualquier otro, el señor Sánchez, decide sin más, presentarse a declarar ente el MP que investigaba el homicidio de la esposa de Dorantes, Alejandra Dehesa. ¿Cómo supo cuál agencia era la indicada? ¿Por qué lo hizo? Ya lo veremos. El caso es que en primera declaración señala que el día del homicidio él se encontraba caminando en Coyoacán y de repente vio salir de una casa (lugar del homicidio) a un hombre, que tropezó con él y se notaba alterado. Después vio que abordó un automóvil rojo. El hombre resultó ser Sergio Dorantes. Eso nos lleva a las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo pudo haber visto el rostro de Sergio Dorantes? ¿Tres o cuatro segundos? ¿Quién recordaría el rostro de una persona en una situación así? Por ende, el testimonio es increíblemente débil. Lo inverosímil del asunto es que dicho testimonio ha mantenido a Dorantes por más de ocho años en prisión.

     La historia no concluye ahí. Luis Eduardo Sánchez vuelve a declarar meses después, señalando que en realidad la agente del MP, María del Rocío García, lo buscó porque él era amigo de su hermano. Le digo que necesitaba un testigo para un caso que “investigaba”.  A cambio de mil pesos, le solicita declare lo antes posible. Al haberse retractado de lo dicho en su primera declaración hace que la PGJDF lo persiga por falsedad de declaración. Aquí viene lo caricaturesco y absurdo, la declaración que se estima “falsa”, no lo va usted a creer, ¡es la segunda y no la primera! En 2008, Luis Eduardo Sánchez es procesado y sentenciado por seis años por falsedad de declaración. Y para hacer más novelesca y tortuosa la historia, lo encierran en el mismo reclusorio que a Dorantes.

     ¿A quién le importa la calidad de las pruebas en el juicio de Dorantes? En la estadística, el homicidio de Alejandra Dehesa no quedó impune, pues se consignó. Y según esto es lo que realmente cuenta en el desempeño de los Ministerios Públicos y para que el ciudadano común y corriente, como usted y yo, creamos estar más seguros.

     La obsesión por la impunidad debe de tener su contrapeso. Tiene que importarnos la justicia. Así como nos indigna que los secuestradores u homicidas sigan en las calles, también ha de indignarnos, empezando por quienes son víctimas y afectados, el tener un sistema penal que no ofrece pruebas, razones ni argumentos para tener siquiera una mediana certeza de que el sentenciado por un delito es el responsable. La demanda popular, así se consigne y sentencie a condenas en mayor número, sin un sistema digno de justicia, nos aleja del país que soñamos.

     Sergio Dorantes, a diferencia de otros tantos acusados que afrontan juicios irracionales, tiene la fortuna de contar para su defensa con uno de los mejores penalistas del país, Alonso Aguilar Zinser, quien optó llevar el caso pro bono. Actualmente ambos esperan la sentencia del juez de primera instancia. ¿Tendrá el juez la fuerza para ir e contra de los designios del MP? ¿Podrá su sentencia hacerse cargo del absurdo y sin sentido de la acusación?

     México necesita justicia y no venganza para volver a unir las piezas del rompecabezas que ahora es.