Ignacio Ramírez,
conocido como el Nigromante, escribió que si la Iglesia católica volviera a
tener el poder en el país, no pararía hasta ver derogadas todas las leyes de
Reforma. Esto viene a colación dado que al llegar el PAN a la presidencia de
México, la Iglesia acrecentó su influencia en la política. Es la primera vez
que la derecha gobierna a México por doce años contiguos. Y justo en este
marco, el cardenal Tarcisio Bertone declaró en el Teatro de la República en
Querétaro, emblema de la república liberal, que había que terminar con el
laicismo negativo, pues éste no propiciaba la religiosidad. Fue un 20 de
noviembre cuando la institución católica beatifica a los cristeros en un acto
público, y en donde figuraba la presencia de Carlos Abascal, quien era titular
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora, tenemos de visita a
Benedicto XVI, precisamente en la semana que se conmemora el natalicio de
Benito Juárez, principal precursor de la laicidad del Estado mexicano.
La Iglesia se halla inmersa en su peor
crisis, el actual papa encabeza un clericalismo miltante, integrista, donde
religión y política se unen.
Cuando la Iglesia viola la laicidad del
Estado mexicano, existe corresponsabilidad gubernamental. Fue el mismo Felipe
Calderón quien invitó al papa a visitar México en pleno proceso electoral, lo
que puede considerarse como una estrategia proselitista política, dado el
arraigo de la religión entre la población.
Así de mal está la clase política
mexicana, que han buscado allegarse al papa más cuestionado de la época
contemporánea, y a quien se le ha pedido renunciar por encubrir la pederastia
de miembros de la institución que encabeza.
Ante las constantes transgresiones al
Estado laico durante la administración panista, los defensores de la laicidad
plantearon reformar el artículo 40 constitucional, para puntualizar que el
Estado mexicano es laico, una característica sobrentendida en la Constitución
de 1917, hecha explícita en el numeral 3 de la Carta Magna.
Si sólo se reformara el numeral 40,
resultaría exiguo, pues faltaría reformar artículos como el 24, en donde se
especifique que no sólo se reconoce la libertad de culto, sino para no tener
ninguno. La laicidad debe de abarcar todo el accionar estatal, haciendo cumplir
cada uno de los derechos fundamentales estipulados en la Constitución.
Empero, la proposición originaria en San
Lázaro para reformar el artículo 24 no estaba encaminada a amplificar la
libertad de culto, sino para darle gusto a la Iglesia con el “laicismo
positivo”, ese que propicia la religiosidad.
La supuesta libertad religiosa pretendida
por la Iglesia, es aquella en la que existe educación religiosa en las escuelas
públicas, contar con medios masivos de comunicación y subsidio por parte del
Estado.
De tal manera que existe un temor
justificado en la reforma constitucional que sería un paso para terminar con el
Estado laico, tal y como lo conocemos ahora. Aunado a la forma en cómo se
presentó y la rapidez con que querían aprobarla. Actualmente existe una
discusión en cuanto al término “libertad de convicciones éticas”. El dictamen,
se supone, se resolverá la semana entrante.
Quebrantar la laicidad de un Estado,
afecta la convivencia pacífica entre los ciudadanos, se promueve la
polarización de la sociedad, radicalizando posturas. Es evidente pues, que sin
la neutralidad en este ámbito, no puede haber democracia. Por ello, debemos de
preservar el laicismo de los embates de los fanáticos religiosos y de la
corrupción política, pues éstos representan una amenaza para todos. Recordemos
que el propio Jesús dijo en algún momento “Al César lo que es del César; y a
Dios lo que es de Dios”, siendo ésta la primera muestra de separación
Estado-Iglesia.
Para terminar, hago una cita del texto “Apuntes
para mis hijos”, cuyo autor fue Benito Juárez:
“Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.”
“Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.”
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