La esencia de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es la rigidez para su modificación, sin embargo, y como se ha
comentado con anterioridad, la práctica dista mucho de la teoría.
Esto toma revuelo si consideramos que
nuestro actual Jefe del Ejecutivo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, parece empecinado
a ser quien más reformas constitucionales promulgue en su sexenio. Hace ya un
mes, el 8 de febrero pasado para ser precisos, firmó reformas a los artículos 3
y 31 de la Constitución para darle obligatoriedad a la educación media
superior. Con esto, la actual administración acumula 33 reformas a los más de
500 que ya suma la Carta Magna de 1917.
Todo esto es indicio de que las buenas
intenciones no paran dentro de la cúpula política, pues de nobles intenciones
han estado retacando el texto constitucional, siendo así, créanlo, vamos por
buen camino. No obstante, el sólo hecho de hacer constitucional la
obligatoriedad del bachillerato, no hará que más jóvenes mexicanos la cursen o
de que sea de una calidad necesaria para el desarrollo de la sociedad y del
país. Modificar la Constitución se ha convertido en un desplante meramente
político y no como un inevitable paso a la construcción de un sistema educativo
eficiente y de calidad.
La reforma no tiene nada de novedoso, de
hecho, la Ley de Educación del distrito Federal en su artículo 4 estipula que
el Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de prestar los servicios
educativos a todos sus habitantes en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y medio superior; lo que motivo controversias constitucionales ante
la Suprema Corte de Justicia, pues supuestamente violentaba las facultades del
Congreso de la Unión. Entonces, la novedad no está en la reforma
constitucional.
Por otra parte, y como aduje en el
artículo intitulado “95 AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO”, existen obligaciones constitucionales que
el Estado no cumple, y en materia educativa no hay excepciones. Hace un decenio
se promulgó una ley que hacía obligatoria la educación preescolar y hasta la
fecha aquella buena intención no se ve cumplimentada ni existen indicios de que
se pueda lograr en un futuro previsible, pues no hay ni recursos ni infraestructura
ni académicos para ello.
Estas consideraciones de tipo prácticas
poco ha importados a los políticos. Son tiempos electorales y tanto presidente
como legisladores quieren pararse el cuello y afirmar que el país es uno de los
pocos en el orbe con la obligatoriedad de cursar 15 años de instrucción
académica. Luego, carece de importancia el que no existan los tres factores
citados en el párrafo anterior (dinero, infraestructura y maestros). Mucho menos
les importa que la falta de recursos haga que la ampliación de la cobertura
educativa haga descender aún más el de por sí lamentable nivel de enseñanza en
México, total, han de pensar que entre menos preparados, pues mejor.
Ya el gobierno ha asumido una posición
similar en el área de salud al presumir que en México existe una cobertura
universal que ni siquiera hay en países económicamente más desarrollados, como
Estados Unidos. Pero lo que a los políticos les interesa son lograr los
impactos necesarios en sus relaciones públicas mediante este tipo de reformas a
las leyes, mientras que detalles como la falta de medicamentos e insumos
básicos en las instituciones de salud y de que no haya abasto suficiente para
la atención hospitalaria, simple y llanamente son desdeñados por los políticos.
En México la legislación de buenas
intenciones es insuficiente, y si realmente queremos tener una educación media
superior universal (lo cual se supone se conseguiría dentro de un decenio),
pero con calidad, debemos consolidar la educación básica. Es inútil que se
incremente la matrícula de estudiantes en bachillerato si llegan a ese nivel
con carencias inverosímiles en su preparación (y esto último nadie me lo ha
contado, soy testigo presencial de que no saben cosas elementales), y muestra
de ello, es el 5, hablando en términos numéricos en una escala del 1 al 10, que
obtienen en su conjunto al darse a conocer los resultados del examen de la
COMIPEMS. Es decir, como se pretende instruirles en Trigonometría o Cálculo
Diferencia e Integral en las prepas si ni siquiera han aprendido a multiplicar
o a dividir.
Se debe trabajar en elevar la calidad en
el nivel básico de enseñanza y al mismo tiempo ampliar gradualmente la
matrícula estudiantil en el nivel medio superior. Y para ello habrá que
contratar al personal preparado, y no estar improvisando. Asimismo deben
realizarse evaluaciones nacionales que permitan verificar que el estudiantado
realmente está alcanzo el nivel de preparación que corresponde a cada grado de
estudios.
No podemos quedarnos en la utopía de que
con reformas constitucionales basta para impulsar una preparación de las nuevas
generaciones en cuanto a número y calidad, no, hay que trabajar para lograr el
objetivo, por ende, no hay que dejarnos engañar que el nivel educativo mejora
con sólo reformas. Sin embargo, tales medidas parecen ser las que más
enorgullecen a los miembros de la clase política mexicana para hacernos pensar
que están haciendo su trabajo.
Como dijera Jorge Edwards: “Lo que cuenta es lo que se hace y no lo
que se tenía intención de hacer.”
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